La mayoría del Congreso suscribe la reforma para poner coto a los activistas ultras
PP y Vox se desmarcan de una iniciativa apoyada por los demás grupos y que venían reclamando asociaciones de periodistas
El Congreso se ha decidido finalmente a abordar una reforma del Reglamento para poner coto a las actuaciones de activistas ultras que, camuflados tras una acreditación de prensa, han venido protagonizado diversos incidentes, incluidos insultos y amenazas, con diputados y periodistas del grueso de medios que cubren la información de la Cámara. PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, CC y BNG respaldan la iniciativa registrada este viernes que fija...
El Congreso se ha decidido finalmente a abordar una reforma del Reglamento para poner coto a las actuaciones de activistas ultras que, camuflados tras una acreditación de prensa, han venido protagonizado diversos incidentes, incluidos insultos y amenazas, con diputados y periodistas del grueso de medios que cubren la información de la Cámara. PSOE, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, CC y BNG respaldan la iniciativa registrada este viernes que fija unas normas y establece una serie de sanciones para las personas acreditadas como periodistas en la sede parlamentaria. PP y Vox no han suscrito la propuesta, que venían reclamando distintos colectivos profesionales como la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).
Entre estos activistas acreditados como supuestos informadores se han distinguido especialmente Vito Quiles, candidato en las últimas elecciones europeas por la agrupación ultra de Alvise Pérez, y algunos colaboradores suyos. Además de intentar reventar conferencias de prensa, algunos de estos sedicentes periodistas han protagonizado enfrentamientos con otros informadores, contra los que han proferido insultos y amenazas, a menudo amplificados a través de las redes sociales. Hace tres semanas, unos 80 informadores de la inmensa mayoría de medios leyeron un manifiesto en la Puerta de los Leones del Congreso para repudiar estos “comportamientos inaceptables”.
La propuesta registrada este viernes pretende facilitar que la Mesa del Congreso, previo informe de un nuevo Consejo Consultivo de Comunicación integrado por representantes de las asociaciones de periodistas, pueda retirar temporalmente las acreditaciones a personas que incurran en esa clase de comportamientos. El texto establece tres categorías de infracciones ―leves, graves y muy graves― y tres de sanciones equivalentes, que van desde una suspensión de la credencial por diez días hasta seis años. Las infracciones pueden ir desde “interrumpir el orden” en las conferencias de prensa, acceder a espacios acotados de la Cámara o grabar imágenes en lugares no permitidos hasta las que tendrían un castigo más elevado, entre ellas “la falta de respeto o a las reglas de cortesía frente a otras personas en el recinto parlamentario”, como “los insultos o atentar contra la dignidad” de otros. Las sanciones las impondría la Mesa, previo informe de un órgano de nueva creación, el Consejo Consultivo de Comunicación.
La Presidencia del Congreso había promovido en las últimas semanas un grupo de trabajo cuyas propuestas han servido de base para esta iniciativa. Las nuevas disposiciones se incorporarían al artículo 98 del Reglamento. “Durante la presente legislatura”, señala la exposición de motivos de la reforma, “las personas que se dedican al periodismo parlamentario están viendo perturbado gravemente el ejercicio de su derecho a la información por otras que, pese a estar acreditadas por la Cámara como profesionales de la comunicación, se dedican a intimidar, faltar al respeto y dificultar sistemáticamente la labor de los y las periodistas”. El texto subraya que “diferentes colectivos de periodistas” venían solicitando “medidas necesarias para evitar comportamientos inaceptables” sin “limitar, restringir o menoscabar el derecho de los medios de comunicación de obtener y difundir información veraz para la ciudadanía”. PP y Vox, sin embargo, se han mostrado reacios a adoptar estas disposiciones apelando precisamente a la libertad de información y no han suscrito la iniciativa firmada por todo el resto de grupos parlamentarios.
La propuesta aprovecha para ampliar los casos en que un diputado puede solicitar el uso del voto telemático. Hasta ahora se restringía a los casos de embarazo, maternidad, paternidad, enfermedad, “situaciones excepcionales de potencial gravedad” o participación en cumbres internacionales. Esta última circunstancia es invocada a menudo por el presidente del Gobierno. Ahora se permitirá aducir la necesidad de cuidar a un familiar y se incluyen también los casos de fallecimiento de personas muy próximas al diputado.